La extradición de Mercedes Villarreal: análisis del proceso judicial en España, los argumentos de la defensa y el impacto en la cooperación internacional contra la corrupción
Este lunes 2 de junio de 2025, la Audiencia Nacional de España decidirá si acepta o no la extradición de Mercedes Villarreal, exdirectora del Consejo de la Judicatura en Guayas, acusada de formar parte del entramado de corrupción judicial conocido como el caso Purga. En julio de 2024, la Policía española arrestó a Villarreal en Lleida tras una alerta roja emitida por Interpol. Desde entonces, ella permanece en prisión preventiva mientras avanza su proceso judicial en España.
El Gobierno de Ecuador solicita la extradición de Mercedes Villarreal para juzgarla por presunta delincuencia organizada. La denuncia indica que Villarreal integró una red que favoreció a jueces y políticos con privilegios judiciales. Esta estructura operaba desde la Judicatura, influenciando resoluciones judiciales para beneficiar intereses políticos. La Fiscalía española ya emitió un informe favorable a la extradición, considerando que se cumplen los requisitos legales. Sin embargo, Villarreal y su defensa rechazan la entrega, alegando falta de garantías judiciales y posible persecución política.
En la audiencia, los abogados de Villarreal presentarán estos argumentos. Aunque no se descarta una decisión inmediata, el tribunal podría solicitar más tiempo para resolver, sobre todo si la defensa apela la decisión.
Contexto y situación migratoria de Mercedes Villarreal
El 3 de marzo de 2024, Villarreal salió de Ecuador antes de allanamientos y otras detenciones. Fue localizada en España mientras tramitaba un matrimonio con un ciudadano español. Según fuentes judiciales, esta acción pudo ser una estrategia para regularizar su situación migratoria. Actualmente, está bajo medidas de seguridad mientras la Audiencia Nacional evalúa la solicitud de extradición. Este proceso puede durar varios meses, basándose en la valoración de las garantías judiciales y la naturaleza de los delitos imputados.
Este caso genera inquietud entre la comunidad migrante ecuatoriana en Europa, que observa cómo actúa la justicia española frente a una persona acusada de crímenes graves que intentó evadir la justicia desde el extranjero. La resolución marcará un precedente en la cooperación judicial entre Ecuador y España y podría abrir nuevas etapas en la lucha contra la corrupción en el país.