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El correísmo y la Constitución de 2008 son vistos como punto de partida de la corrupción en algunas instituciones, por lo que analistas sugieren reformas importantes.
El cuestionado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) aún no termina los procesos de designación para reemplazar a los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) y para poner nueva autoridad en la Fiscalía General del Estado. Dos instituciones claves en el Sistema de Justicia ecuatoriano.
Gloria Ardaya, política y socióloga boliviana, publicó en 2018 el libro denominado: ‘Corrupción e impunidad en el Ecuador de la década perdida’, donde recoge una lista de presuntos casos de corrupción, denunciados por medios de comunicación durante el régimen de Rafael Correa. En un diálogo con LA HORA hace un repaso sobre los efectos de la corrupción, los gobiernos de países que comulgan con el socialismo del siglo XXI, incluido el de Correa en Ecuador.
La herencia del socialismo del siglo XXI y la demolición de la Justicia
“Fueron gobiernos que no hicieron gestión política ni gestión de políticas públicas, porque lo que predominó fue la sobreideologización y, por lo tanto, la polarización: o estás conmigo o estás contra mí. Hubo persecución política”, dice Araya al ejemplificar la situación de Venezuela y Bolivia.
Observa que “es muy difícil probar la corrupción, en muchos casos si se lo ha hecho, ha tardado, porque estos gobiernos cooptaron el sistema de Justicia y, por lo tanto, hacer una investigación judicial ha sido y es muy complicada”.
Dice que a eso se debe que “hoy en el Ecuador y en Bolivia recién se están dictando sentencias o se están absolviendo algunos casos, porque en el socialismo del siglo XXI se politizó tanto la Justicia y se judicializó la política de manera generalizada”. Por ejemplo, en Ecuador hay más de 40 investigaciones judiciales en contra de Correa, varias por presunto peculado.
Para Ardaya, en Ecuador “la ideología del socialismo del siglo XXI primero conquistó a los ciudadanos, sino no hubieran ganado elecciones (para el periodo del correísmo), pero luego los sobornó, los corrompió”. Evalúa que este tipo de gobiernos utilizaron una estrategia: la redacción de nuevas constituciones. “Ahí pusieron a la Justicia a su servicio, a ciertos organismos. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, el Cpccs”.
¿Se puede solucionar la corrupción en la Justicia?
En Ecuador, desde el 24 de mayo de 2025, Daniel Noboa iniciará su nuevo periodo de mandato. En Bolivia las elecciones presidenciales serán en agosto. Ardaya espera que gane algún candidato que no represente al socialismo.
Sobre qué pueden hacer los gobiernos que no son del socialismo del siglo XXI frente a los casos de presunta corrupción estancados, la socióloga plantea una posibilidad: “Hacer una reforma de la Justicia muy a fondo porque ha sido utilizada para perseguir enemigos, para tapar actos de corrupción, ha sido utilizada instrumentalmente para gobernar sin transparencia y sin control social”.
Sin embargo, ve que esa tarea es complicada, por lo que sugiere a los habitantes de los países “apoyar para tener una Justicia al servicio de los ciudadanos”. Refiere que “hay varios actores, el Gobierno debería ser el principal interesado en esclarecer los actos de corrupción”.
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Posibles soluciones en el sistema de justicia de Ecuador
Leonardo Laso, estratega político, dice que se deben realizar reformas importantes sea mediante una Asamblea Constituyente o una reforma parcial.
Comenta que ha iniciado conversaciones con personas vinculadas a la gestión política no partidista para “empezar a sumar propuestas y subirlas a los actores políticos, a la Asamblea Nacional, al Gobierno, a quienes tienen que trabajar en las reformas”.
Para Laso, el objetivo de fondo debe ser “garantizar que no haya impunidad. Al día de hoy en la Justicia ecuatoriana la impunidad reina. Muy pocos casos de los que se denuncian, se investigan, ventilan, terminan con alguna sentencia”.
Por eso lanza tres propuestas:
- Cpccs: “Es un espacio de concentración de poder absolutamente exagerado y extremo”, refiere Laso. Plantea eliminarlo e incluirlo en la Asamblea Nacional, como una Comisión que tenga parámetros de selección.
- Judicatura: “Es un espacio de corrupción”, señala. Formula reducir la institución e insertarla dentro de la Corte Nacional de Justicia, como un órgano de control y de administración con un reglamento y normativas más claras.
- Fiscalía: Plantea que esta institución no esté dentro del sistema judicial, sino que sea un poder independiente. “Eso le daría a la a la Fiscalía independencia para poder llevar por sí misma las investigaciones y los procesos”.
“De lo que hablamos es recuperar el equilibrio de los poderes, los contrapesos, la fortaleza institucional y que no queden espacios de discrecionalidad, que es lo que el correísmo diseñó con su famosa Constitución”, apunta Laso.
Asambleísta electo hace una promesa anticorrupción
Para Andrés Castillo, asambleísta electo por ADN, los chats del exconsejero Augusto Verduga revelan que en el Cpccs “hubo no solo negligencia, sino mala fe y ánimo de echar a perder los concursos porque lo que querían era controlar a las autoridades de control que se van a nombrar”.
Respecto a funcionarios de la Judicatura y del Cpccs destituidos por la Asamblea, anticipa su actuación cuando arranque el nuevo periodo: “Lo que yo considero oportuno y lo que yo me podría comprometer a hacer es dar el siguiente paso. En esos procesos de fiscalización para identificar las responsabilidades políticas seguramente habrá indicios de responsabilidad administrativa e indicios de responsabilidad penal. Hay que trasladar ese expediente, tanto a la Contraloría para que se realice un examen especial, como a la Fiscalía para que se identifique posibles delitos ante las omisiones por parte de las autoridades del Cpccs que han sido destituidas”.
No obstante, reitera el respaldo a Noboa para eliminar el Cpccs y trasladar la función de designación nuevamente a la Asamblea.
También plantea una “ingeniería penal”. Es decir, “incorporar normas que sancionen con fuerza el incumplimiento de las normas y el delito de prevaricato” que cometan quienes administran justicia. Aclara que “el prevaricato no es solamente adelantar criterio, es actuar por fuera de la norma jurídica, contrario a la norma jurídica o inobservar la norma jurídica”. (KSQ)
Los vocales de la Judicatura se encuentran prorrogados desde el 29 de enero de 2025. Mientras que Diana Salazar, fiscal general del Estado, está prorrogada en funciones desde el 8 de abril de 2025.