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Guillermo Lasso, expresidente de Ecuador, se pronunciará una vez que se cierre el caso Flopec en el ámbito judicial. Excolaboradores de su Gobierno anticipan que el desenlace será el archivo del caso. ¿Lasso emprenderá alguna acción?
Guillermo Lasso fue presidente de Ecuador desde el 24 de mayo de 2021 hasta el 23 de noviembre de 2023. Enfrentó crisis de gobernabilidad, principalmente con la Asamblea Nacional, que lo llevó a decretar la muerte cruzada el 17 de mayo de 2023.
Así, disolvió la Asamblea Nacional que en ese entonces estaba presidida por Virgilio Saquicela y al mismo tiempo Lasso terminó con su periodo y no cumplió los cuatro años. De allí surgieron las elecciones anticipadas que dieron paso a la presidencia de Daniel Noboa.
Un día antes, el 16 de mayo, Lasso compareció en la Asamblea Nacional por el juicio político que se llevaba en su contra por presunto peculado, por un contrato de transporte petrolero, entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y el consorcio internacional Amazonas Tanker Pool. El peculado es una causal que la Constitución establece para enjuiciar a un mandatario y destituirlo, de haber el apoyo para eso.
Jueza debe resolver pedido de archivo
“Al expresidente Lasso lo querían hacer responsable por un contrato suscrito en el 2018 y con un informe de Contraloría al ejercicio del año 2020. Cuando él asumió el poder en mayo de 2021. Solo ese hecho ya era un hecho absolutamente absurdo”, afirma Pablo Encalada, abogado de Lasso.
Señala que el pedido de archivo del caso Flopec lo formuló la fiscal general del Estado, Diana Salazar, aproximadamente hace tres semanas. “Recién estos días la jueza (de la Corte Nacional de Justicia) Daniella Camacho nos puso en conocimiento de las partes el pedido de archivo con el plazo de tres días para que nos pronunciemos”, indica.
Ese plazo termina este jueves, 24 de abril de 2025, y la jueza debe resolver si acoge o no el pedido de archivo. El jurista explica que la ley faculta a un juez para que someta a consulta este tipo de pedidos a un fiscal superior.
“Pero sucede que al tratarse de la Fiscal General del Estado, no hay un fiscal superior. Por lo tanto, lo que está haciendo hoy por hoy la jueza Camacho es un asunto de mero trámite. ¿Qué quiere decir esto? Que, con la petición de archivo de la Fiscalía, el caso necesariamente va a terminar con el archivo”, apunta Encalada.
Resalta que no cabe otro camino: “Jurídicamente no puede haber ninguna sorpresa. Ya nos pronunciamos. Hoy (23 de abril) presenté el escrito diciendo que estoy de acuerdo con el pedido de archivo. Lo importante es la decisión de la Fiscalía”.
¿Qué refleja el caso Flopec y su eventual archivo?
Encalada dice que de parte de Lasso “nunca ha estado en el panorama iniciar alguna acción por esto (el caso Flopec), pero que será el expresidente quien analice alguna posibilidad. Mireya Pazmiño, como asambleísta por Pachakutik (PK), denunció a Lasso por peculado en 2023. Fue reelecta en 2025 como asambleísta de la Revolución Ciudadana. Este Diario buscó su reacción, Pazmiño pidió hablar más tarde de la hora solicitada, pero ya no respondió. En X su abogado, Washington Andrade, anticipó el 22 de abril que presentarán su oposición al pedido de archivar el caso Flopec.
“La acusación con la cual sostuvieron su juicio político hoy se demuestra que es una acusación injusta, porque la Justicia ha determinado que él es una persona inocente y no tiene nada que atribuirle respecto de los hechos que le pretendían atribuir”, señala Encalada.
Diego Ordóñez fue consejero presidencial y secretario de Seguridad Pública de Lasso. Para el exfuncionario, el archivo del caso ratificará la falta de evidencias. “En el fondo había una alianza política con el propósito de perseguir, derrocar al Gobierno del expresidente Lasso. Fueron varios intentos”, recuerda.
Evalúa que la acusación y el juicio político fue una “estrategia de desestabilización”, dejando a Lasso la única opción de la muerte cruzada. Uno de los efectos, indica, es que quedó “la institucionalidad severamente afectada, no puede el Ecuador volver a repetir un escenario parecido. No se trataba de votar un presidente, se trataba de golpear las instituciones, la legítima democracia de un Gobierno electo”.
Por eso cree que “este episodio que estamos comentando es el episodio final” de la historia que llevó al fin del Gobierno de Lasso.
Con el pedido de la Fiscalía, “lo que queda evidente es que no hay peculado y que nunca lo hubo, que todo respondió a una orquestación, política y comunicacional, que desestabilizó el Gobierno de Lasso”, coincide Wendy Reyes, exsecretaria de Comunicación de Lasso.
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El cuestionado rol de la Corte Constitucional
La Corte Constitucional (CC) dijo en su dictamen que el cargo de presunto peculado imputado a Lasso “no se refiere a hechos manifiestamente falsos o imposibles (…), que lleven a incumplir el criterio de verosimilitud mínima”, por lo que dio paso a la Asamblea Nacional para el juicio político.
“La Asamblea tenía en sus manos la capacidad de destituir al Presidente. Tenían los votos, tenían la los amarres. La CC tomó una medida acomodándose a ese escenario político”, observa Ordóñez.
Para Reyes, la CC “tomó una conclusión política” y ve que el dictamen servirá como jurisprudencia para nuevos casos, “ahora para sustentar contrariamente”. Pero más allá, dice que debe conllevar a la reflexión al ratificarse el archivo del caso Flopec: “Esto es una lección que nos deja a todos, también a la misma CC para ver qué va a pasar en adelante. En la coyuntura en la que estamos ahora, en donde tenemos una Asamblea partida en dos, va a ser muy difícil gobernar y también van a haber intentos de desestabilización. Hay que estar muy alerta de que esto no pase porque finalmente los que sufrimos somos los ciudadanos y la democracia”.
Sugiere poner la mirada sobre la actuación que hagan los asambleístas de PK y el resto de independientes electos. Insiste en asumir la lección que, a su criterio, deja la postura de la Fiscalía. “Todo el mundo quiere empleo, seguridad, tranquilidad, en medio de estas crisis cuando tenemos el narcotráfico metido en el país, lo que necesitamos es que esto se resuelva desde el Estado, una política de Estado tiene que ser impulsada desde el Ejecutivo, pero también debe ser apoyada desde la Asamblea Nacional”.
Gonzalo Muñoz, experto en Derecho Constitucional y Parlamentario, indica que “la CC se equivocó en dar un dictamen favorable para la procedencia del juicio bajo el parámetro de la mínima verosimilitud porque habían hechos que no concordaban”, como el contrato.
Hace una recomendación a quienes integren la nueva Asamblea Nacional: “En lo futuro esto es un precedente para que politiqueros, con intereses inconfesables al interior del Parlamento, piensen bien al iniciar un juicio político y lo hagan con la responsabilidad que esto amerita”.
¿Cuál es la consecuencia para Lasso? “Sin duda es un triunfo político del expresidente Lasso que se ratifique su inocencia en el ámbito penal y en lo político se demuestra lo que siempre se supo, que desde el primer día no hubo una Asamblea fiscalizadora, sino una Asamblea desestabilizadora. que quería sacar como sea el presidente de la República del poder”.
A Lasso “lo tiene que juzgar la historia de la forma correcta”, puede responder con una denuncia por daños y perjuicios contra quien lo denunció, agrega. (KSQ)
Caso Encuentro: En este caso la Fiscalía investigó el delito de delincuencia organizada por una trama de corrupción en empresas del sector público. Guillermo Lasso fue llamado en dos ocasiones a declarar, pero la Fiscalía determinó que él no tenía ninguna responsabilidad y quedó fuera del caso, aclaró su abogado Pablo Encalada.