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El 24 de abril de 2025, el CNE proclamó resultados numéricos de la segunda vuelta presidencial. Se declaró ganador a Daniel Noboa (ADN), con el 55,85% de los votos, superando a Luisa González (alianza Revolución Ciudadana–RETO), que obtuvo el 44,15%. Según el calendario electoral, la entrega de cartas credenciales al binomio ganador está planificada para el 22 de mayo.
A pocos días de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclame resultados definitivos de la elección presidencial que dio el triunfo a Daniel Noboa, la Misión de Observación Electoral del Laboratorio de Investigación de Relaciones Internacionales (IRLAB) de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), presentó su informe final.
El documento, entregado al CNE, incorpora un conjunto de recomendaciones orientadas a potenciar la calidad del ejercicio democrático y la transparencia del proceso electoral.
En este punto, cabe destacar la importancia del ejercicio de observación electoral en su condición de controlar los actos de poder público en base a criterios de imparcialidad, objetividad y no injerencia para avalar elecciones libres, justas y transparentes, dice el informe.
Así, el desarrollo de mecanismos de veeduría conlleva una verificación del correcto funcionamiento de los estándares democráticos, otorgando legitimación y credibilidad al proceso de elecciones. El informe subraya varios elementos:
- La Misión de Observación Electoral UIDE reconoce un procedimiento adecuado durante la jornada electoral, descartando la posible cabida de fraude en los resultados oficiales.
- En materia normativa e institucional, es imperante destacar la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización del financiamiento político. Particularmente, orientado a la rendición de cuentas de gasto de campaña por parte de los sujetos políticos y la aplicación de sanciones ante el incumplimiento o falseamiento de datos.
- Se plantea la importancia de establecer salvaguardas normativas y constitucionales que impidan el uso discrecional de los estados de excepción durante los periodos electorales, con el fin de velar por la protección de los derechos fundamentales ciudadanos.
- Se sugiere realizar una unificación de criterios sobre la participación de veedores políticos en el evento electoral para así, constituir una confianza sólida en cuanto a la prevención de interferencias en la libertad de decisión de los electores y garantizar la secrecía del voto
- En lo relativo a derechos y garantías de acceso a la información y la libertad de expresión, se destaca la necesidad de asegurar el papel estratégico de los medios de comunicación, garantizando condiciones que permitan el ejercicio pleno y seguro de su labor informativa de calidad e imparcial. Esta recomendación, se sustenta en base al monitoreo de las múltiples denuncias correspondientes a restricciones y vulneraciones ejercidas a periodistas y equipos de comunicación tanto en las condiciones previas a los comicios, como a lo largo de la jornada electoral.
- Se enfatiza en el carácter ineludible de consolidar estrategias de comunicación institucional que garanticen el acceso oportuno, claro y comprensible a la normativa electoral, así como de diseñar e implementar procesos sostenidos de pedagogía cívico-electoral que reduzcan la brecha de desconocimiento ciudadano sobre aspectos del proceso.
- Insta a los organismos electorales a seguir fortaleciendo la calidad de la democracia para garantizar el Estado de derecho desde su contexto estructural para promover la transparencia y garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de la sociedad ecuatoriana
El proceso atravesó una serie de denuncias y controversias
El informe de la UIDE también señala que el proceso atravesó una serie de denuncias y controversias. Entre otros, los procesamientos judiciales por presunta instrumentalización del aparato estatal, los debates en torno a la independencia de los órganos electorales y los cuestionamientos referentes a la legitimidad democrática.
Las condiciones causales de dicha deslegitimación se identificaron en la imposición de estados de excepción coincidentes al calendario electoral, las resoluciones correspondientes a infracciones electorales, la reubicación de recintos electorales a vísperas de la jornada electoral y la restricción de acceso al voto en centros penitenciarios por falencias logísticas en materia de seguridad.
Estos hechos, conjugados con la proliferación de narrativas políticas que, aludían a una inminente posibilidad de fraude electoral, contribuyeron a la percepción generalizada de irregularidades y la falta de confianza en el proceso democrático. (SC)
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