Entre los convocados a rendir versión en el juicio político estarían el Contralor, el Procurador y la Fiscal. Entre las 20 pruebas documentales planteadas por la oposición no se especifica cuál de ellas corresponde a la causa de peculado, según Fernanando Villavicencio.

Dentro de las 36 personas (entre funcionarios, exfuncionarios públicos, expertos petroleros, en contratación pública, entre otros) a las que inicialmente se convocaría  dentro del proceso de sustanciación del juicio político en contra  del presidente de la República, Guillermo Lasso, -acusado del presunto delito de peculado en la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec)- en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea se sostiene que se espera contar con los  testimonios del Contralor, el Procurador y la Fiscal General.

En el proceso de interpelación, los asambleístas ponentes del juicio, Viviana Veloz (UNES), Mireya Pazmiño (Pachakutik), Pedro Zapata (PSC) y Rodrigo Fajardo (Izquierda Democrática), también tienen previsto presentar 20 pruebas documentales, pero que según  Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, no se especifica cuál de ellas corresponde a la causa de peculado.

Por ello, el viernes 7 de abril, Villavicencio remitió un oficio a los jueces de la Corte Constitucional para que realicen un seguimiento del cumplimiento obligatorio de su dictamen de admisibilidad del 29 de marzo de 2023, que delimitó que el área del juicio sea sustanciada por presunto peculado, y no por concusión.

Esto, porque la acusación de los asambleístas de UNES, del PSC, Pachakutik y la ID se basa en que Lasso, en el ejercicio de sus funciones de presidente de la República, ”conoció y consintió la celebración de contratos de transporte petrolero en perjuicio de fondos públicos en una de las empresas públicas pertenecientes a la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), entidad a la que el mandatario le dio amplias facultades”.

Según los acusadores, Lasso y Hernán Luque, exgerente de EMCO, definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo entre Flopec y Amazonas Tanker, “conscientes de que los mismos representaban una pérdida para el Estado”.

Sin embargo, Villavicencio recordó que se requiere de un informe previo y vinculante de la Procuraduría para que un contrato se suspenda.

En declaraciones a periodistas, Jhonny Estupiñán, exgerente de Flopec, afirmó que él resolvió revocar el contrato (con Amazonas Tanker) el 1 de febrero de 2021, agregando que tomó esta decisión para evitar un arbitraje internacional, porque no tuvo el respaldo de la Procuraduría en el control de legalidad.

El jueves 6 de abril, en un oficio enviado a la Comisión de Fiscalización, el presidente Lasso también pidió que se certifique si los ponentes del juicio determinaron los hechos correspondientes al cargo (de peculado) fijado por la Corte materia del juicio.

Los comparecientes

La presencia del procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea, será importante para determinar si se puede o no suspender un contrato que tiene cláusula de arbitraje internacional, dijo Fernando Villavicencio.

A la Comisión de Fiscalización también podría ser llamada Pilar Ferri, exgerenta de Flopec, quien durante su gestión, en septiembre de 2021, denunció en la Fiscalía General del Estado (FGE) un presunto delito de peculado por la firma de supuestos contratos irregulares en 2018.  En ese entonces, la  denuncia la interpuso en contra de Jaime Condoy, también exgerente de Flopec,  pero en la administración de Lenín Moreno.

Para el titular de la Mesa de Fiscalización, un eventual interrogatorio al contralor subrogante, Carlos Riofrío, podría girar en torno a que si Flopec cumplió las recomendaciones de su examen especial; además de la presencia de la fiscal general Diana Salazar, para que informe si es que  existen denuncias por peculado en el caso Flopec en contra de Hernán Luque,  o del propio presidente de la República.

Dentro de ello, Joaquín Ponce, presidente de EMCO, también podría ser convocado.

A defenderse

Parte de la defensa de Lasso será la presentación de un informe de la Contraloría General del Estado de que los supuestos actos irregulares en Flopec se cometieron entre 2018 y 2020, antes de que sea posesionado en el cargo.

La Comisión de Fiscalización notificó al Jefe de Estado del inicio del juicio el 6 de abril, por lo que tiene plazo hasta el domingo 16 de abril de 2023 para presentar sus pruebas de descargo. (SC)

‘Empresas de papel’

Flopec es la única empresa pública que maneja el monopolio del transporte de crudo y derivados en el Ecuador.

Según Fernando Villavicencio, al no contar con el suficiente número de buques (solo tiene seis) para el volumen de crudo, tiene que contratar con intermediarios y arrendar otros. Afirmó que este tipo de contratos se iniciaron en 2013, desde el régimen de Rafael Correa.

“Flopec en lugar de contratar directamente los buques con los armadores, contrata con empresas de papel”, afirmó. Los primeros contratos suscritos desde 2013 fueron con las compañías Andes Tankers, luego se creó Amazonas Tanker y Agoyán Tanker.

Sobre estos contratos, Villavicencio anunció que solicitó a la Contraloría realizar un examen integral. “Los perjuicios económicos para el Estado son colosales; el Estado contrató con intermediaros el arrendamiento de buques, en lugar de que el Estado a través de Flopec compre  buques”.

“Hay que preguntar a los interpelantes del juicio a Lasso: ¿A quién benefician con este juicio? ¿A los que están defendiendo Amazonas Tanker? ¿Qué vínculos tienen con Amazonas Tanker?”, dijo.

Desde este martes, 11 de abril de 2023, se podría iniciar en la Comisión de Fiscalización las comparecencias como parte de la sustanciación del juicio al presidente Lasso.