Para la comisionada y exintegrante de la comisión parlamentaria que estudió el asesinato del general Jorge Gabela, el correísmo no puede ocultar la verdad y la responsabilidad del Estado sobre los actos de corrupción en el caso de los helicópteros Dhruv denunciados por el exComandante de la FAE.

La familia del general Jorge Gabela y la Defensoría del Pueblo recibieron esta semana la reconstrucción del “tercer informe” sobre el asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea de Ecuador, que fue ordenada por la Corte Constitucional de Justicia. Esta es una  reparación por la violación del derecho a la información por parte del Estado Ecuatoriano.

El pasado 09 de febrero la Corte Constitucional emitió la sentencia 2366-18-EP/23, en la que reconoció la vulneración a los derechos de acceso a la información pública y a la verdad, e impuso al Estado ejecutar medidas de reparación para la familia, entre las que destacaron la coordinación con el perito argentino Roberto Meza para conocer la existencia de una copia del llamado “tercer producto” o la reelaboración del informe.

Otra de las medidas reparatorias, ya ejecutadas por el poder Ejecutivo, fue la realización de un acto público de disculpas desarrollado en el Palacio de Carondelet el día 14 de marzo y en el que fueron designados los integrantes de la Comisión Coordinadora, Arturo Moscoso, Jeannine Cruz y Sebastián Palacios.

Adicionalmente, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Contraloría General del Estado (CGE) tendrían hasta el 18 de julio para investigar e informar sobre las acciones sancionadoras a los exfuncionarios que manejaron la información del “tercer informe” y que permitieron su desaparición de los archivos del Estado.

Por esto, la reconstrucción del “tercer informe”, ha desencadenado una ola de ataques por parte de un sector de la sociedad ecuatoriana. Ha sido el expresidente y prófugo de la justicia, Rafael Correa, quien ha encabezado el ataque contra la comisión, el perito Meza y las conclusiones del informe reconstruido.

La mayor crítica del exmandatario ha sido por el valor pagado a Meza para reelaborar el documento que desapareció de “forma irregular” bajo su administración.

Jeannine Cruz es miembro de la Comisión Coordinadora con el perito Roberto Meza. Pero, además, durante su período como asambleísta fue una de las integrantes de la Comisión Ocasional del Caso Gabela, en 2018. Así, ella es una voz importante sobre el caso y LA HORA conversó con la comisionada para entender las razones de estos ataques.

P.- ¿Qué razones tiene el presidente Rafael Correa y el correísmo de atacar con tanta fuerza la entrega del “tercer producto” del caso Gabela?

Quiero iniciar señalando que el informe del perito Roberto Meza, es un informe pericial, pero desnuda las mentiras del ex mandatario, Rafael Correa. Y quiero aterrizar en algo, la desesperación del exmandatario es evidente, porque él, en 2010, era presidente de la República y puso a su secretario particular como Ministro de Defensa, el señor Javier Ponce; una vez asumida la cartera de Estado por su mano derecha, dan luz verde para la contratación de los helicópteros Dhruv. Entiendo que el nerviosismo y la conducta del exmandatario obedece justamente al golpe que pueda recibir por el pueblo ecuatoriano, por la crítica y la conciencia social frente a la omisión y la irresponsabilidad de adquirir helicópteros, que primero, no tenían las garantías técnicas; segundo, es el hecho que el general Gabela en el año 2008, el primero de abril del 2008, a las 17:00, le presentó una carpeta en el Palacio de Carondelet donde le advertía que si él contrataba los helicópteros Dhruv tendrían serias complicaciones para el Estado Ecuatoriano, y con el pasar de los años estas denuncias presentadas tuvieron eco en la verdad. Hay cuatro oficiales muertos, hay un exgeneral que fue, lamentablemente, silenciado porque a raíz de la caída del primer Dhruv, empezaron a hacerle seguimiento al General Gabela y lo que acaba de revelar el perito es gravísimo. 

P.- ¿Cuál es esta revelación tan grave?

En el año 2013, él (Roberto Meza) recibe la grabación del coronel Vargas con Jorge Gabela, ahí el general Gabela deja explícitamente señalado que, si algo le pasa a él o a sus hijos, no vengan a decir que es un robo o delincuencia común. Esa grabación que recibe Meza en el 2013 viene del Ejecutivo. La gran pregunta es: ¿supo que le estaban haciendo inteligencia; sabían de la pugna de los generales, la negligencia o la omisión de no haber intervenido para que esta pugna de generales no crezca? Hoy creo que tenemos claro que el cumplimiento de la sentencia es una obligatoriedad para el gobierno actual y para la Comisión, pero que determina serias falencias al gobierno de turno (Rafael Correa). Tratar de enlodar un tema tan delicado me parece totalmente irresponsable. Nadie contrató al perito Meza en el 2021; fue la sentencia de la Corte Constitucional la que obligó y dispuso que la Comisión debía articular con él. A un perito que Rafael Correa contrató en el 2003, un perito que Correa lo trajo en su Gobierno. Correa lo llevó a la Comisión Interinstitucional para que explicara cuál fue el móvil del asesinato del General Gabela. Entonces, en el caso Gabela tiene una responsabilidad política. Es duro decirlo como ecuatoriana, pero que tiene gran responsabilidad política el expresidente Rafael Correa.

P.- ¿Cuáles son los puntos más fuertes dentro de este “tercer informe”? ¿Corrobora la investigación de la Comisión Ocasional del Caso Gabela en la que usted formó parte en 2018?

Primero, el General Jorge Gabela es posesionado como Comandante de la Fuerza Aérea de Ecuador (FAE) en el año 2007, cuando el expresidente Rafael Correa llega al poder. El primero de abril de 2008, el General Jorge Gabela visita al presidente de la República, le agradece por ser comandante y le deja una carpeta sobre los temas de los Dhruv donde le señala que él (Gabela) no está de acuerdo y por eso renuncia. El 10 de abril del 2008 renuncia el exministro de Defensa (Wellington) Sandoval y posesiona su mano derecha a Javier Ponce, e inmediatamente, con la salida de Gabela, posesiona al general (Rodrigo) Bohórquez. Y con Gabela fuera de la FAE, llegaron los Dhruv, esa es una realidad. Los helicópteros Dhruv llegaron sin especificaciones técnicas. Por ejemplo, pedían que dentro de los pliegos se solicite que sean motores del 2008 y sorpresa, eran motores del 2007. El General Bohórquez ya al frente de la Comandancia de la FAE designa al General (Alonso) Espinosa para ser el receptor de las aeronaves y hay un informe importante donde se señala que no cumplen con las especificaciones técnicas, pero dan paso a recibir estos helicópteros, eso es una irresponsabilidad. Pero también hay que entender que, para dar luz verde a la contratación de los Dhruv, se necesitaba de la venia de la Honorable Junta de Defensa de aquel entonces. ¿Y quién presidía la Junta de Defensa? Era el presidente de la República, Rafael Correa.  Y cuando Correa no podía asistir delegaba en su vicepresidente (Lenín Moreno). Hay un tema particular, que el director ejecutivo de la Honorable Junta de Defensa de aquel entonces señaló que él estaba convencido de que el expresidente Rafael Correa sabía los temas precontractuales y contractuales de los Dhruv. 

P.- ¿Entonces hay responsabilidades del expresidente Rafael Correa?

Rafael Correa no se exaspera porque sí, es porque sabe que tiene culpa y su nerviosismo lo delata. Es por eso que el expresidente toma una actitud violenta en contra de los comisionados, violenta y lamentablemente en contra de la familia del General Gabela y que desnuda, obviamente, la orfandad que vivió Jorge Gabela en su momento. Otra historia hubiese sido si él (Correa) hubiese escuchado al Comandante de la FAE del 2007-2008, General Jorge Gabela.  Posiblemente no tuviésemos que estar hablando del asesinato del Comandante de la FAE, capaz no estuviéramos criticando la Inteligencia que hicieron contra el Comandante de la FAE, y quizás tampoco tendríamos que estar lamentando la muerte de los oficiales que fueron en 2014 y 2015, cuatro oficiales muertos y que nadie habla de ellos.

P.- ¿Cuáles serían los siguientes pasos?

Estamos esperando que la esposa del General Gabela (Patricia Ochoa) pueda pedir la ampliación. Tiene un plazo de 20 días y luego tenemos la posibilidad de responder y, finalmente, la Comisión podrá acabar el pedido de la Corte Constitucional.

P.- ¿Ahora qué es lo que debe hacer ahora la Fiscalía General del Estado y la Contraloría?

Hay un auto de seguimiento de la Corte Constitucional que le da plazo hasta el 18 de julio para que busquen a los responsables, tanto en la Contraloría como la Fiscalía, por la investigación de la desaparición del “Tercer Informe” y, por otro lado, el proceso que está llevando a la Fiscalía, por ejemplo, de publicar la sentencia en las páginas de las instituciones.

P.- ¿Qué tiene este informe con respecto a lo que ustedes investigaron en la Comisión Ocasional del Caso Gabela en la Asamblea Nacional?

Por supuesto, valida la responsabilidad y la regencia del Estado en la omisión. Gabela dijo al país las anomalías en la contratación y no le hicieron caso, como también hizo público las amenazas de muerte en su contra.

P.-  ¿La familia del General Gabela podría ir contra el Estado Ecuatoriano en las instancias de justicia internacionales? 

Sé que es una de las opciones que revisa la familia Gabela, frente a la falta de confianza de las instituciones en justicia del Ecuador.

P.-  ¿Qué hacer entonces con este tema de la justicia? 

El caso de los helicópteros Dhruv toma un nuevo impulso con este informe. Así que esperemos que realmente sea una pieza clave para volver a retomar el tema de las responsabilidades del Estado al contratar helicópteros que no tenían las garantías y dejar claro que, para el correísmo, Jorge Gabela sigue siendo una de las verdades que no pueden ocultar.

P.-  ¿Qué diferencia al informe presentado por la Asamblea y el informe del perito Roberto Meza?

Nosotros en la Asamblea somos jueces políticos, buscamos la responsabilidad de quiénes dieron la orden de desaparecer un documento tan importante (Tercer Informe), y la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública da responsabilidades civiles, administrativas y penales. En este tema la sentencia de la Corte Constitucional, nosotros nos convertimos en mediadores con el perito Mesa para lograr la posibilidad de reconstruir ese informe. En este caso, nosotros cumplimos un papel de poder dar todos los insumos necesarios desde el Estado para que vuelva a reconstruirse un documento donde se encuentran los nombres de supuestos autores intelectuales, en este informe se habla del asesinato. En la Asamblea hablamos de la responsabilidad política, son dos temas totalmente distintos. Es decir, en la Asamblea fuimos jueces políticos de la responsabilidad estatal. En el caso de la Comisión de la Corte Constitucional fue recomponer un documento destruido con la finalidad de dar los presuntos nombres para la investigación que pueda dar con los implicados en el asesinato del General Gabela. (ILS)