En el primer semestre de 2023, solo se ejecutó el 24,5% del Plan Anual de Inversiones. La burocracia, las leyes obsoletas y la dependencia del petróleo minan la inversión.

A pesar de los ofrecimientos del Gobierno, la ejecución presupuestaria entre enero y junio de 2023 no avanzó con la rapidez que espera la ciudadanía; y que se necesita para impulsar una economía con una inversión privada estancada.

En promedio, en el primer semestre de este año, se ha ejecutado el 24,5% de lo establecido en el Plan Anual de Inversiones (PAI)

Solo se registran seis entidades con una ejecución mayor al 40%: Ministerio de Gobierno (99,9%), Ministerio de Telecomunicaciones (65,5%), Ministerio de Deporte (61,4%), INEC (58,7%), Ministerio de Ambiente (51,9%), Secretaría Técnica de Circunscripción Amazónica (45,8%) y Ministerio de Vivienda (41,4%).

En el otro extremo, con menos del 10% de ejecución están ocho entidades: Procuraduría General del Estado (8,8%), Consejo de la Judicatura (4,1%), Ministerio de Trabajo (3,7%), Ministerio de Defensa (3,5%), Ministerio de Economía (2,9%), Corte Constitucional (0,6%), Fiscalía General del Estado (0,3%) y Ministerio del Interior (0,1%).

Bernardo López, abogado y consultor en temas de contratación pública, explicó que Ecuador tiene un problema estructural, que no inició con Lasso, porque la contratación pública en Ecuador está excesivamente burocratizada, no tiene una adecuada planificación y está lastrada por redes clientelares y de corrupción.

“Ni siquiera en las mejores épocas del segundo boom petrolero (2010 a 2014) se llegó al 50% de ejecución del presupuesto de inversión durante el primer semestre del año. Siempre el mayor gasto viene al final del año y al apuro. No existe una real carrera en la función pública ni capacitación suficiente para administrar los proyectos de inversión” puntualizó.

Hasta el 30 de junio de 2023, el Gobierno de Lasso ejecutó $505,44 millones de un Plan Anual de Inversiones de un total de $2.064,70 millones. Esto, en promedio, significa alrededor de $84,24 millones por mes.

‘Mejor que en 2019’

El ministro de Economía, Pablo Arosemena, reconoció que la ejecución de la inversión pública llegó al 24,5% en el primer trimestre de 2023; pero aseguró que estamos mucho mejor que el 17% que se logró entre enero y junio de 2019.

Según Arosemena, en medio de los problemas estructurales del país, el Gobierno sí ha logrado revertir la tendencia declinante en el gasto en inversión y obra pública, el cual se arrastraba desde antes del golpe de la pandemia.

Hace un año, cuando Arosemena asumió el cargo, la ejecución de la inversión era del 15%.

Andrea González, economista e investigadora en temas de contratación pública, puntualizó que se ha registrado una mejoría en la ejecución; pero el Gobierno no ha podido destrabar a una burocracia estancada entre el miedo a ser observada por la Contraloría y un sistema en el que andar un proceso puede demorar más de 200 días, es decir, más de la mitad de un año.

“Hace algunas semanas, el Gobierno aseguró que se estaba trabajando en una reforma, vía decreto ejecutivo, para reducir y agilizar esos procesos; pero si pasa a la Corte Constitucional puede quedar en nada. Se necesita un cambio integral en la ley, pero también en la cultura y la estructura de la función pública, para que se gaste mejor y más rápido”, recalcó.

De acuerdo con Alberto Acosta Burneo, economista y editor de Análisis Semanal, a esto se suma que los funcionarios también tienen temor de tomar decisiones por los riesgos que representan las denuncias de empresas no favorecidas por adjudicaciones y las auditorías desde la Contraloría.

“Se crean unos incentivos perversos porque la burocracia que no decide es la que menos problemas tiene. La que decide se arriesga a ser cuestionada por la Contraloría u otras instancias. Ante esto, la estrategia en la línea de conservar el puesto es no decidir, dejar pasar para evitarse problemas”, aseveró.

Además, González recordó que parte del problema de fondo es que los escasos recursos que tiene el Estado se ven absorbidos por el gasto corriente (sueldos, bonos, subsidios, intereses de deuda, transferencias corrientes).

Ese gasto corriente apenas se cubre con los impuestos y hasta junio de 2023 ya sumaba más de $9.700 millones, es decir, 19 veces más que el gasto devengado en inversión y obra pública. (JS)

Ejecución deficiente

Incluso en los años del segundo boom petrolero, la ejecución presupuestaria tampoco llegó a niveles óptimos entre enero y junio.

Así, por ejemplo, en 2014, que fue el año donde se alcanzó el pico máximo de gasto estatal en el Presupuesto General del Estado (PGE), la ejecución de la inversión y la obra pública llegó al 36%.

Al año siguiente, entre enero y junio de 2015, ya sin el impulso de los altos precios del petróleo, la ejecución de la inversión y la obra pública bajó al 34,4%.

En 2016, con la crisis económica encima, la ejecución entre enero y junio volvió a caer hasta el 23,25%.

Esta evolución pone el dedo en la llaga de otra realidad que traba la inversión pública en el país. Como los impuestos no alcanzan para hacer obras, todo depende de los ingresos petroleros y la capacidad del Gobierno de turno de conseguir deuda para financiar el gasto.

“La lotería petrolera ha estado detrás de las épocas de más gastos en obra pública, pero cuando se acaba esa lotería, el país se queda sin dinero para mantener la obra construida e invertir en toda la infraestructura que hace falta. Por eso, desde 2015 se acumularon un montón de cosas que se dejaron de hacer y ahora nos pesan”, concluyó López.