El miércoles 15 de febrero de 1972 una extraña procesión cruzó la ciudad de Quito, desde la plaza de Santo Domingo, en el centro suroriente de la ciudad hasta la avenida Orellana y Amazonas, en el norte.
Los caminantes vestían uniformes militares, pero la marcha no era un desfile militar. Había unos cuantos civiles, pero tampoco era una procesión religiosa.
Para un turista espectador seguramente se trataba de un hecho que, mirado con displicencia, se asemejaba a un sainete montado a la manera de un desfile circense, en el que la estrella del espectáculo era un barril lleno de petróleo a ser depositado al interior del templete de los héroes del Colegio Militar Eloy Alfaro. Ese hecho prosaico y torpe, producto de un mediocre tiranuelo, marcó la nueva etapa de esta república.
DE DONDE VENÍAMOS
La saga de los gobiernos liberales casi concluye con el advenimiento de lo que llamaron ‘La Gloriosa’, en 1944. Un estallido popular ante el fracaso de la economía y de la invasión peruana y que pretendió, sin éxito, conformar un gobierno de casi todas las tendencias políticas opuestas al gobierno depuesto de Carlos Alberto Arroyo del Río. A los pocos meses, en 1945, los intereses políticos y la división de los intereses económicos dejaron sin valor una constitución progresista con el pretexto de que impedía gobernar. Se expidió otra en 1946, que rigió varias décadas, pero el gobierno sucumbió y la crisis de la agroexportación produjo una inestabilidad política que concluyó con el retorno del liberalismo junto a los conceptos modernos y progresistas de Galo Plaza, que desarrolló la agricultura, las plantaciones de banano y la explotación de los recursos marinos, todo con miras a la exportación.
Una época de desarrollo sostenido permitió a los gobiernos siguientes construir lo que parecían, entonces, grandes obras.
Este país tenía una única vía asfaltada, la de Quito-Latacunga, y carecía de toda infraestructura marina, vial y peor aeroportuaria.
El velasquismo hizo de las carreteras y la educación su objetivo, empezó la construcción de la vía Quito-Tulcán en el año 1960 y la concluyó en el último de sus gobierno en 1972. Doce años, no por falta de voluntad sino por las limitaciones económicas.
La dictadura que siguió, de Guillermo Rodríguez Lara, tuvo el cinismo de cambiar la placa conmemorativa, colocar una con su nombre y volver a inaugurarla con una danza de canoas, lanchas y anfibios en la laguna de Yahuarcocha. Hizo lo mismo con el Instituto de Crédito Educativo: hizo desaparecer el Decreto de su creación y emitió otro igual pero otro con su firma y así, sin empacho y de la misma forma, refundó CEPE, la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, que actualmente es Petroecuador.
El gobierno de Camilo Ponce Enríquez (1956-1960) logró modernizar al país, la interconexión vial con la costa, dos terminales aéreas en Quito y Guayaquil, la única vía hecha en puro concreto, 30 kilómetros entre Quevedo y El Empalme, un hotel en Quito y unos cuantos edificios, ayudado por grandes líneas de crédito posibles por el buen manejo fiscal de las décadas anteriores.
La pobreza era tal que siempre los empleados públicos, maestros y la fuerzas armadas recibían sus salarios con tres y hasta cuatro meses de retraso, por lo que eran clientes habituales de los chulqueros que con conexiones adecuadas con los pagadores provinciales hacían y garantizaban sus adelantos.
La realidad nacional antes del petróleo se reflejaba, por ejemplo, en que el avión presidencial era un destartalado DC 3 de los que combatieron en la segunda guerra mundial.
Luego de innumerables polémicas se logró reemplazar por un AVRO que sirvió para el mismo fin por más de cuarenta años. Cuando existían emergencias, los ministros se trasladaban en un AT-23, cazas de dos personas, verdadera reliquia de la primera guerra mundial.
Los aviones DC3 que tenía la FAE como dotación, permitieron la formación de la gran empresa TAME, cuyos destartalados equipos nos tenían en constante zozobra ya que para las emergencias, nuestros hábiles pilotos usaban las pocas carreteras disponibles.
La empresa terminó saqueada y destruida por el gobierno correísta, cuyas caravanas mundiales transportaban a sus acólitos y la liquidaron. No hubo responsables; así eran las mezquindades.
Las ciudades tenían sus propias empresas eléctricas generalmente municipales y otras privadas, que daban alumbrado con horarios preestablecido y racionando el servicio.
El índice de alfabetismo bordeaba el 30% y la mortalidad infantil era la más alta de América.
Y llegó… la dictadura de “la revolución revolucionaria”
Hicieron un solemne juramento: la nueva riqueza petrolera descubierta en el Oriente ecuatoriano sería administrada como “solo” los militares lo podían hacer, con patriotismo y honestidad. El fruto de la tierra cambiaría la faz del Ecuador.
Una frase resumía esa promesa: “Sembrar el petróleo”. Lastimosamente, el tiempo pondría las cosas en su lugar y solo la primera parte de esa promesa se cumpliría: “el petróleo cambiaría la faz del Ecuador»; mientras que la segunda sería olvidada por casi todos los gobiernos que se han sucedido en el Poder desde aquel día.
Las fuerzas armadas disfrazaron el golpe con la excusa de impedir un proceso electoral en que el Asad Bucaram, a quién cuestionaron mañosamente su nacionalidad, era el seguro ganador. Pero en realidad, se apuntaron a asumir el control de la producción, transporte y exportación petrolera, persiguiendo a los funcionarios que se opusieron.
Previamente lograron la expedición de un Decreto supuestamente secreto que disponía que todos los recursos petroleros se distribuyan en partes iguales para defensa y para electricidad, que sí hacía falta.
Los cambios visibles
El Ecuador, desde ese momento, cambió. El gobierno adoptó el “desarrollismo” como su bandera.
Con el precio del barril de petróleo a 4 dólares en su inicio, llegando a los 40 en el año siguiente, gracias a la política adoptada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, el gobierno tuvo los recursos para iniciar cuanta obra imaginara. Se creó un Ministerio encargado de trabajar conjuntamente con las grandes empresas internacionales de la explotación, extracción y comercialización del crudo, y de verdad, sus arcas se hincharon de petrodólares.
Con ellos, se construyeron caminos vecinales, hospitales, escuelas, y barrios enteros de empleados y funcionarios de las petroleras.
La danza de los millones creó nuevos ricos, se inició el despilfarro, el saqueo y la corrupción a gran escala, pero existió tanto dinero que -hay que reconocer- sí se permeó a la educación, a la salud y al fomento de créditos, aunque muchos de ellos sólo sirvieron para el desarrollo inmobiliario de clases terratenientes que cambiaron de actividad gracias a los créditos subvencionados.
La urbanización
Quizás lo más visible y evidente se encontró en el inicio de un proceso de urbanización de la población ecuatoriana. Las ciudades absolvieron a la población rural y en pocos años sucedió lo que los siglos anteriores no habían hecho: Ecuador logró una población mayoritariamente urbana (cerca del 60%).
Para habitar esos nuevos planes de vivienda, apareció con fuerza, una numerosa clase media, de burócratas y negociantes que encontraron su oportunidad de enriquecimiento. Para llegar a sus casas, esos burócratas necesitaron poseer un vehículo de transporte propio, y el parque automotor creció sin contemplación. Primero fue un carro por casa o familia y ahora es un vehículo por cada miembro de una familia.
Construir la infraestructura
Para atender las demandas de esa población, los diversos gobiernos debieron construir centrales hidroeléctricas que suplan las cada vez más exigentes necesidades de energía eléctrica.
Las ciudades soportaron, en un inicio, una tugurización de casas amontonadas sin agua, sin luz eléctrica, sin alcantarillado, sin servicio de recolección de basura, sin escuelas, sin colegios, sin institutos tecnológicos, sin centros de salud: hospitales, centros de atención médica de urgencia, sin un número aceptable de elementos policiales que garanticen su seguridad, etc. El país tuvo que ampliar, en unos casos, las vías ya existentes, y en otros, debió construir nuevas rutas y nuevas carreteras que soporten la movilidad humana.
En suma, el Ecuador, con los ingentes recursos económicos que ingresaron a sus arcas, gracias a la explotación petrolera, pudo responder de mejor manera al desarrollo y a las iniquidades sociales. La historia debe recoger que las dos épocas petroleras nos trajeron recursos espectaculares por el precio del crudo y las dos dictaduras, la de Rodríguez Lara y la de Rafael Correa, deberán ser juzgadas por haber desperdiciado el cambio que pudo operarse en el país con esos recursos, aunque sin petróleo nuestro país seguiría siendo paupérrimo.
Ahora nos quieren quitar el petróleo del ITT
En la última semana, la Asociación Nacional de Empresarios (ANDE) envió una carta al Consejo Nacional Electoral (CNE), en la que en forma respetuosa y razonada solicitan la postergación de la realización de la Consulta Popular, prevista para el 20 de agosto de 2023, sobre la pertinencia de seguir explotando el petróleo existente en un área equivalente al 0,01% de la zona oriental del Yasuní.
La comunicación apela para este pedido a una serie de considerandos de carácter económico y social que el cerrar los pozos petroleros existentes en esa área, acarrearían no sólo al patrimonio nacional sino también a todos los planes y proyectos del desarrollo nacional.
Junto a numerosos expertos, medios de comunicación y líderes de opinión, ANDE coincide en su gran preocupación porque el electorado no está suficientemente informado para sufragar un voto consciente en la consulta del 20 de agosto de 2023
La consulta propuesta hace 10 años por el colectivo Yasunidos versaba sobre un territorio sin operación petrolera alguna, lo cual dejaba abierta la posibilidad que permanezca intocado, mientras ahora, respetando plenamente la ley, se ha establecido una operación de alta tecnología en la que el país ha invertido casi dos mil millones de dólares, cuya producción es esencial para disponer de fondos que contribuyen a atender las ilimitadas necesidades económicas y sociales del país.
Yasuní es una extensa área del territorio nacional, donde se hallan varios pueblos indígenas, algunos en aislamiento voluntario, pero que ahora se han integrado a la explotación del campo ITT, en calidad de trabajadores petroleros no especializados, lo que les ha permitido atender muchos de sus problemas y demandas sociales, de salud y bienestar; por eso, los firmantes de la comunicación solicitan al CNE que las primeras consultas deberían ser propuestas a las comunidades indígenas vecinas al ITT, porque ellas sufrirían el primer impacto social y económico del cierre de su explotación.
Igualmente, la comunicación hace visible los impactos económicos que acarrearían el cierre de sus operación; para ello recurren a un simple cálculo aritmético: hoy se explota en ese campo 55 mil barriles diarios de petróleo, multiplicados por 365 día del año, se obtiene una producción de 20 millones 75 mil barriles anuales (20´075.000), vendidos en el mercado internacional a 66 dólares por barril, se obtiene la cifra de mil trescientos veinticuatro millones novecientos cincuenta dólares anuales (1.324´950.000).
La vida útil del pozo se calcula en 25 años, mínimo, y entonces la cantidad sube a treinta y tres mil ciento veintitrés millones, setecientos cincuenta mil dólares (33.123´750.000)
A esta astronómica cifra debemos añadir el costo de desarmar toda la infraestructura levantada en el campo, dice el comunicado, es de 500 millones de dólares, a los cuales hay que añadir el costo inicial de montar dicha infraestructura que fue mil novecientos millones de dólares.
Pero, el hecho de desmontar las torres tecnológicas de la explotación petrolera también provocaría un enorme daño ambiental por la subsiguiente invasión de inescrupulosos comerciantes tras la riqueza arbórea y de minería ilegal.
Con todos esos razonamientos, la Asociación Nacional de Empresarios y otros colectivos sociales, así como varios líderes políticos y sociales, solicitan que la consulta popular dispuesta por la Corte Constitucional a petición del grupo YASUNIDOS hace 10 años, cuando las condiciones de la explotación petrolera era diferente a la que existe en la actualidad, se postergue para otra fecha, permitiendo al electorado conocer todo lo concerniente a la pregunta planteada y que su respuesta no esté contaminada por las pasiones propias de una campaña electoral presidencial y de miembros de la Asamblea Nacional.
¿Será atendido este pedido? El Consejo Nacional Electoral, tiene la palabra.
