AUTORIDADES. Sesión del pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
La veeduría durará hasta que se posesione el nuevo Presidente de la República. Además, deberá presentar informes en el término de diez días hábiles posteriores a la publicación en el Registro Oficial de cada decreto ley.
Mientras la Asamblea Nacional permanece disuelta por efectos del decreto ejecutivo 741 del 17 de mayo de 2023, con el cual el presidente de la República, Guillermo Lasso, ordenó la muerte cruzada (adelanto de elecciones presidenciales y legislativas), el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), controlado por el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC) pretende asumir el papel fiscalizador del Parlamento.
Sin embargo, este organismo creado con la Constitución de 2008 no tiene la facultad, ni las competencias de destituir autoridades.
Este 24 de mayo de 2023, el consejero Augusto Verduga, cercano a la tendencia correísta, mocionó ante el Pleno del Consejo la necesidad de ejercer un trabajo de fiscalización.
Su propuesta llegó acompañada de un exhorto a la sociedad civil organizada; asociaciones, colectivos, y gremios para que se involucren en la tarea, a través de una veeduría que servirá para “vigilar” los decretos ley emitidos por el Presidente.
La propuesta de Verduga fue aprobada con el voto mayoritario de sus integrantes.
La veeduría, según la resolución del Cpccs, tendrá ámbito nacional y durará el tiempo que resta del mandato de Guillermo Lasso, y hasta que se posesione el nuevo presidente de la República. Además, deberá presentar informes en el término de diez días hábiles posteriores a la publicación en el Registro Oficial de cada decreto ley.
“Los ciudadanos preocupados por las políticas públicas deben involucrarse decididamente en la tarea de fiscalización”, expresó Verduga.
Su propuesta está respaldada en el Reglamento Interno de Veedurías Ciudadanas, y en el artículo 204 de la Constitución que dice que “el pueblo es el mandante y el primer fiscalizador del poder público”.
Convocatoria a Zapata
El mismo razonamiento invocaron en la sesión del 23 de mayo para solicitar la comparecencia en el Pleno del ministro del Interior, Juan Zapata para este 25 de mayo, a las 14:30.
Los consejeros accedieron a un pedido de Juan Pablo Jaramillo, exasesor de la excomisión legislativa de Régimen Económico de mayoría opositora, para que explique sobre la ejecución presupuestaria del Ministerio a su cargo durante 2022.
Las audiencias públicas, de acuerdo con el artículo 73 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, pueden activarse por iniciativa de los consejeros o a pedido de la ciudadanía.
Fiscalizar al Gobierno
Antes de asumir funciones, Alembert Vera, exabogado del expresidente Rafael Correa, y actual presidente del Cpccs dejó trazadas las principales líneas de lo que sería su gestión al frente del Consejo y aclaró que no solo se centrarán en la participación y el control social.
La intención es fiscalizar los presupuestos de alcaldías, prefecturas y, sobre todo, al Gobierno central, dijo Vera. ¿Por qué no han aplicado los presupuestos para seguridad, educación, salud, acceso a la universidad para los jóvenes? cuestionó Vera. En este paquete también se incluirá la fiscalización a sectores privados que presten servicios públicos.
Otro eje será la evaluación a las acciones de la función pública y la lucha anticorrupción. También fiscalizar los actos que no se han denunciado respecto de la actividad gubernamental, y otros sectores del país. “Hay un sinfín de denuncias en el Consejo y hay que activarlo”, anticipó. (SC)
El Cpccs también puede convocar a ministros
David Rosero, exvocal del Cpccs, y actual precandidato a asambleísta (para el periodo 2023-2025), explicó que el artículo 204 de la Constitución, y el 76 de la Ley Orgánica de Participación, faculta y le da atribución al organismo a convocar a autoridades de Estado, inclusive, ministros.
Recordó que en su gestión fue llamado el ministro del Deporte, Sebastián Palacios, a quien se le requirió información sobre el manejo de fondos en las federaciones deportivas del país. También fueron convocadas varias autoridades de control.
¿Cómo se activan estas convocatorias? Se convoca a una autoridad a audiencia pública previo una solicitud de los ciudadanos, señaló.
Sin embargo, aclaró que el Cpccs no está facultado a emprender acciones como sí lo podría hacer la Asamblea Nacional, ni tampoco emprender en procesos de destitución de autoridades. Pero sí puede requerir información en el marco de la rendición de cuentas. La sociedad civil tiene derecho a la fiscalización de los actos del poder público, subrayó.
La veeduría que dará seguimiento a los decretos deberá contar entre sus integrantes con al menos dos abogados expertos en Derecho Tributario o Laboral, y con dos economistas en virtud del análisis técnico a la normativa que se vigilará.