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Noticias para migrantes Ecuatorianos A tres municipios les toca encarar a la minería ilegal

Migrante Ecuatoriano

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En Camilo Ponce Enríquez, Santa Isabel y Sígsig se analizan acciones como establecer franjas de protección, verificar permisos e impulsar una consulta popular.

Los cantones azuayos de Camilo Ponce Enríquez, Santa Isabel y Sígsig sienten los estragos de la minería. Sus autoridades plantean acciones para cuidar el ambiente.

Ponce Enríquez se ubica en los límites con la provincia de El Oro. La principal fuente de empleo es la explotación de minerales metálicos, especialmente el oro.

La contaminación de los ríos es una de las consecuencias de esta actividad, y la inseguridad que ha derivado sicariatos registrados en los últimos meses.

José Sánchez, alcalde de Camilo Ponce Enríquez, enfrentará estos problemas mediante la formalización de los mineros ilegales que cumplan con los requisitos.

Asimismo, se cuidará el río Gala con la implementación de una franja de protección de 1.000 metros. Además de intervenir el río Siete con un desazolve y limpieza para recuperar las áreas afectadas por la minería como parte de un proyecto piloto que permitirá llegar a otros afluentes que están afectados por la actividad.

De la misma manera, habló de expropiaciones para impulsar proyectos como: Ecoparque minero, el Parque Industrial, entre otros necesarios para controlar la extracción de minerales.

En Santa Isabel existen problemas por la minería de áridos y pétreos a pesar de que existen concesiones legalizadas. Las autoridades municipales están preocupadas también por la minería ilegal de metales que se da, por ejemplo, en las partes altas de la parroquia Cañaribamba.

Anabel Lalvay, alcaldesa de Santa Isabel, verificará que las concesiones de áridos y pétreos cuenten con todos los documentos y permisos que incluyen planes de remediación ambiental.

Igualmente, se gestionará un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para que se implemente un puesto de control en la vía Cuenca-Girón-Pasaje. Con ello, se regulará la producción minera porque de esto depende el pago de tributos y regalías para la jurisdicción. 

En lo que respecta a la minería metálica, se impulsarán asambleas para promover una consulta popular, considerando que en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) se declaró al cantón libre de minería. 

En Sígsig, la consigna es eliminar la minería metálica que afecta, principalmente a la zona de Infiernillos. En este lugar nace el río Santa Bárbara que recorre además las localidades vecinas de Chordeleg y Gualaceo.

La Comuna Indígena San Sebastián es la propietaria de los predios donde se cumple esta actividad, quienes han sido reiterativos en los reclamos a los organismos competentes con el propósito que se intensifiquen los operativos de control para frenar los daños ambientales.

David Duchitanga, alcalde de Sígsig, defiende el agua. La autoridad trabajará porque se concrete una consulta popular para que la población decida sobre el destino de la minería en el cantón.

“Nosotros -a través de la Dirección de Saneamiento Ambiental- impulsamos la consulta popular que incluso ya fue resuelta en el Concejo Cantonal, pero que no se había ejecutado”, expresó Duchitanga, quien plantea además declarar polígonos de turismo en las zonas afectadas por la minería. Redacción Región.-(I)

8 meses en espera de sentencia

Las organizaciones, colectivos defensores del agua y la empresa canadiense Dundee Precious Metals (DPM) aún esperan por la sentencia de los jueces sobre el futuro del proyecto minero Loma Larga (Kimsacocha). Este proyecto involucra a los cantones de Cuenca, Girón y San Fernando.

En la Corte Provincial de Justicia del Azuay se cumplió en octubre de 2022 la audiencia de apelación por la suspensión de este proyecto minero tras un primer dictamen de un juez que admitió en julio de ese mismo año una acción de protección presentada por los colectivos antimineros. Las partes presentaron en aquel entonces numerosos argumentos verbales, escritos e “amicus curiae” para que los jueces los analicen durante el tiempo que resulte necesario.

La audiencia se cumplió hace ocho meses. En ese lapso de tiempo ambas partes han intentado de convencer a la ciudadanía sobre la necesidad o no de la minería. (I)

Detalles

– José Sánchez, alcalde de Ponce Enríquez, está preocupado por la deuda del Gobierno con el cantón por las regalías mineras.

– Las orillas del río Rircay soportan los daños por las actividades mineras en el cantón Santa Isabel.

– Las instituciones del Estado han efectuado operativos en la zona de Infiernillos (Sígsig). Se han destruido campamentos ilegales.

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Link original publicado el Diario el Mercurio

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